LA EMPRESA MINERA SOUTHERN PERÚ SIGUE DILATANDO LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA ORDENADO POR EL PODER JUDICIAL PERÚ ya llevan casi 20 años del proceso.

Southern Perú Cooper Corporation, manejada por el Grupo México, que hoy pretende ejecutar el proyecto cuprífero Tía María, “es una empresa prepotente, abusiva y corrupta”, expresó con vehemencia Edgardo García Ataucuri, luego de revelar que la corporación transnacional se niega a entregar las acciones laborales (hoy llamadas de inversión) que por ley les corresponde a más de 4,200 extrabajadores jubilados.
Edgardo García es el apoderado de 940 jubilados, que en 1996 iniciaron una demanda para reclamar vía judicial sus derechos que les corresponde por leyes de los años 70 que obligaban a las empresas mineras destinar el 6 % de las utilidades netas anuales a un fondo que constituía patrimonio para los trabajadores.
El total de las Acciones Laborales, hoy llamadas de Inversión, ascienden a 10’501,857, que la empresa se niega entregar a los demandantes, dilatando el proceso con interminables apelaciones, nulidades y oposiciones, con la complicidad de jueces corruptos o timoratos.
El caso extremo en la historia de este largo proceso fue cuando el juez Raúl Rosales Mora declaró fundada, en un tiempo record, la demanda de Acción de Amparo y una medida cautelar de la Southern, declarando nula una sentencia de cosa juzgada de la Corte Suprema a favor de los jubilados demandantes.
Edgardo García, apoderado de los jubilados, dijo que, en casi dos décadas que lleva este juicio, “hemos ganado en todas las instancias, inclusive la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, pero la Southern sigue maniobrando para dilatar y dilatar, a la espera que pasen más años y se mueran todos los jubilados y quedarse con las acciones. Recordó con tristeza que a la fecha han muerto más de 200 demandantes.

El abogado Luis Chunga Chávez, el defensor de los jubilados, dijo que el proceso está a nivel de ejecución de sentencia y en ese marco, el viernes 5 de junio, a las 10 de la mañana, se procedió, por mandato judicial a la intervención de la empresa, para recabar la información relacionada a las acciones de los jubilados.
Edgardo García, el apoderado de los jubilados, dijo que los trabajadores esperan que la juez del 20 juzgado civil, Rosario del Pilar Encinas Llanos, no siga dilatando la ejecución para beneficio de la empresa minera.
cortesía diario uno