El director de la Policía
Nacional, general Jorge Flores Goicochea, dispuso la formación de un equipo
especial para determinar la responsabilidad de los altos mandos en el caso del
prestamista Luis Francis Ramírez. Aceptaron miles de resoluciones fraudulentas
de juzgados de paz de provincias.
Doris Aguirre
No tuvieron piedad con sus
propios compañeros de institución
PUEDES VER: Once jueces de
paz involucrados en mafia de prestamista Francis
El 29 de mayo del 2014, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) comunicó al director de la División
de Producción de Planillas de la Policía Nacional, el coronel PNP Luis Valdivia
Araujo, que los juzgados de paz no están facultados para emitir resoluciones
extrajudiciales ni las que provienen de los centros de conciliación para
descuentos a policías. El CEPJ alertó a la Policía Nacional que había detectado
que jueces de paz, especialmente de provincias, emitían masivamente mandatos de
pago a terceros sin que existieran de por medio sentencias.
Sin embargo, el coronel
Luis Valdivia Araujo pasó por alto la disposición del Poder Judicial y continuó
ejecutando las resoluciones de los jueces de paz que beneficiaban a la red de
compañías del prestamista Luis Francis Ramírez y afectaban a más de 3 mil
efectivos policiales de todo el país.
Efectivamente, los
descuentos continuaron hasta febrero de este año, según comprobó La República
con una copia de la planilla a la que tuvo acceso. Un año después de que el
Poder Judicial advirtió sobre la mafia de jueces de paz, la División de
Producción de Planillas de la Policía Nacional descontó más de un millón de
soles a efectivos policiales por concepto de pago de deuda a favor de las
empresas Francis Cash Inversiones EIRL, Soluciones EIRL, G&S Asesoría y
Servicios Integral, IM Servicios SAC, FC Servicios y Cobranzas, Inversiones
Melody EIRL, todas de propiedad del ex policía Luis Francis Ramírez. Su hijo y
abogado defensor, Carlos Francis Baza, también aparece como beneficiario de los
descuentos de febrero de este año.
NO LES IMPORTÓ NADA
En el 2014, cuando el
suboficial PNP Daniel Falcón Gómez descubrió que en junio de ese año le
comenzaron a descontar por una deuda inexistente de 9 mil 900 soles se dirigió
al entonces director ejecutivo de Personal de la Policía Nacional, general PNP
Walker Rocha Hidalgo. Falcón le explicó que los cobros se hacían en
cumplimiento de fraudulentas resoluciones de los juzgados de paz de Santa María
(Huaura, Lima), y de Moho (Puno). Las empresas favorecidas eran G&S
Asesoría y Servicios Integrales e IM Servicios SAC, de propiedad del ex policía
Luis Francis Ramírez.
"Ya, suboficial
Falcón. Vamos a revisar su caso", le dijo el general Rocha al suboficial
Falcón. Pero nunca hizo nada.
Solo cuando Falcón pasó al
retiro en abril del 2014, recién entonces se detuvieron los descuentos
ilegales.
Pero a Rocha y a otros les
llegó la hora.
El director de la Policía
Nacional, general Jorge Flores Goicochea, ha dispuesto que el Tribunal
Administrativo Disciplinario y la Inspectoría General investiguen a los involucrados
con la red de Francis.
Entre ellos se encuentran
los ex directores ejecutivos de Personal, los generales Miguel Villanueva
Benavides y Walker Rocha Hidalgo, y también el director ejecutivo en funciones,
general Víctor Carrera Quintanilla. Además de su jefe inmediato superior, el
director ejecutivo de Gestión Institucional de la PNP, general José Céspedes
Aguirre.
Todos deben responder por
qué descontaron los haberes de 3 mil policías en beneficio de las empresas del
prestamista Luis Francis sin comprobar la autenticidad de las resoluciones de
los juzgados de paz de provincias.
"¿Usted sabía que a
miles de policías se les descontaba sus ingresos con resoluciones fraudulentas
de juzgados de paz de provincias?", preguntamos al director ejecutivo de
Personal de la Policía Nacional, general Víctor Carrera Quintanilla
"Bueno, yo recién
estoy a cargo de este despacho desde el 7 de enero de este año. Y nosotros,
como institución policial, acatamos las órdenes judiciales. Si no lo hacemos,
somos pasibles de ser denunciados", respondió.
"De acuerdo, pero nos
referimos a mandatos judiciales emitidos por juzgados de paz que ni siquiera
notificaron a los policías afectados por los descuentos", le indicamos.
"Nosotros solo
acatamos las órdenes judiciales. Nosotros no vemos si una orden judicial es
verdadera o falsa", contestó el
general Víctor Carrera.
"¿Usted no sabía que
el beneficiario de esas resoluciones judiciales fraudulentas era el ex policía,
y conocido prestamista, Luis Francis Ramírez, varias veces denunciado ante la
División de Estafas de la PNP?", le insistimos.
"No, no sabíamos,
porque los descuentos judiciales vienen a
nombre de empresas, no como personas naturales", manifestó.
DICEN QUE NADA SABÍAN
El general Walker Rocha,
ex director ejecutivo de Personal, también justificó los cobros indebidos a los
3 mil policías bajo el argumento de que no sabía que las resoluciones de los
juzgados de paz eran ilegales.
"Yo desconocía que
había resoluciones judiciales fraudulentas. Recién me enteré cuando la División
de Estafas me citó para declarar en setiembre del 2014. Yo de inmediato pedí un
informe al jefe de la División de Planillas, coronel Luis Valdivia Araujo,
quien me dijo que nunca había recibido alguna queja por parte de la policía.
Por eso pedí que relevaran de su puesto al coronel Luis Valdivia, así como del
jefe del Departamento de Asignaciones Judiciales, mayor César Román
Meneses", explicó el general Walker Rocha.
A pesar de los cambios,
los descuentos continuaron.
El mayor Francisco Rivadeneyra Gilvonio, quien reemplazó a César
Román en la jefatura del Departamento de Asignaciones, señaló que al asumir
funciones tampoco estaba enterado de que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial había advertido de que varios juzgados de paz emitían resoluciones
fraudulentas para descontar a los policías y favorecer a empresas de Luis
Francis Ramírez.
"Yo no sabía que los
juzgados de paz no pueden disponer los descuentos de los haberes de los
efectivos. Tampoco sabía que el dinero descontado era en beneficio de las
empresas del señor Luis Francis. Yo solo cumplía con acatar lo que dicen las
resoluciones. No podemos cuestionarlas", alegó el mayor Francisco
Rivadeneyra.
El director de la Policía
Nacional, general Jorge Flores Goicochea, informó a La República que ha
dispuesto que se forme un equipo especial cuyo objetivo es identificar a todos
los oficiales relacionados con el caso, incluidos los de alta graduación, para
deslindar responsabilidades.
"No vamos a permitir
que continúe esta práctica ilegal de descontar a los policías mediante
resoluciones judiciales falsas para favorecer a terceros. Sea general o
suboficial, será sancionado ejemplarmente", señaló.
SOLO HAY DOS POLICÍAS
DENUNCIADOS POR EL CASO
El coronel PNP Luis
Valdivia Araujo, ex jefe de la División de Producción de Planillas, y el mayor
PNP César Román Meneses, ex jefe del Departamento de Asignaciones Judiciales,
son los únicos denunciados ante la 7ª Fiscalía Penal Provincial de Lima por
haber descontado ilegalmente los sueldos de los policías para beneficio de las
empresas de Luis Francis Ramírez.
A Valdivia y Román se les
atribuye únicamente el delito de abuso de autoridad.
En su descargo, el coronel
Luis Valdivia afirmó que la responsabilidad por los descuentos ilegales
corresponde al mayor César Román, ex jefe del Departamento de Asignaciones
Judiciales. Sin embargo, Román se limitó a recibir órdenes de sus superiores,
entre ellos el coronel Valdivia. Incluso mostró los memorandos en los que se
consignan las disposiciones que recibió.
Cuando la policía le
preguntó si las demandas judiciales que recibía eran verificadas, César Román
respondió que no lo hizo porque los documentos eran originales.
También reveló que solo en
un año recibió un promedio de 7,019 demandas de los juzgados de paz para
descontar a los policías.
"Solo en tres
ocasiones los policías se quejaron por los descuentos, hicieron gestiones pero
no prosperaron", dijo Román.
CORTESÍA LA REPUBLICA
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