Los tacneños no solo tienen que convivir con la escasez de agua -disponen entre cuatro y 16 horas del servicio-, además disponen de un recurso contaminado.
La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental ( Desa), en un estudio de este año, da cuenta que la Entidad Prestadora de Servicios ( EPS) no cumple con proveer líquido apto para el consumo dentro de los límites máximos permisibles para el arsénico. El documento advierte que se expone la salud de los usuarios a mediano y largo plazo.
El análisis realizado por la Desa revela que de los 12 puntos en los que se tomó la muestra, en ocho la cantidad de arsénico supera el máximo permitido.
0.081, 0.083, 0.086, 0.074, 0.039, 0.093, 0.083 ,0.084 miligramos de arsénico por litro de agua, son algunas de las concentraciones encontradas.
Estas cantidades representan un valor entre 3 y 9 veces más de lo permitido. Según el decreto supremo 031-2010 - SA, debe ser máximo 0.01 miligramos por litro.
Según la Organización Mundial de la Salud, las concentraciones mayores al límite máximo permisible, en el caso del arsénico, son asociadas a un mayor riesgo de daños severos a la salud de la población a mediano y largo plazo.
Afecciones como la arsenosis, queratosis, cáncer a la piel, pulmón, vejiga, riñón, efectos neurológicos, enfermedades cardiovasculares, entre otras, son las más mencionadas como consecuencia de la ingesta de este metal. La evaluación de la Desa fue remitida a la EPS el 24 de mayo y se le concedía un plazo de cinco días para que adopte medidas, pero no se hizo nada.
El titular de la Desa, Fredy Pastrana Talavera, sostuvo que la EPS puede barajar solo tres opciones, la primera es disminuir el volumen de agua que ingresa a la planta de tratamiento, para optimizar el proceso; la segunda es ampliar la planta y la tercera y más drástica suspender el servicio, lo que sería una tragedia.
Como no hubo respuesta, la autoridad de salud envió el informe a la Defensoría del Pueblo. El titular de este organismo, Edward Vargas Valderrama, señaló que el documento es analizado y se remitirá al Ministerio Público para las investigaciones y determine si se pone en riesgo la salud de la población.
CORTESÍA LA REPUBLICA
