Aunque el ex presidente del Poder Judicial, César San Martín, reiteró que la reunión en la que participó con la jueza Carmen Rojjasi y los entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, y agente del Estado ante la CIDH, Pedro Cateriano, tuvo solo carácter informativo, se encuentra en una delicada situación.
El Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra y destituye jueces, ordenó ayer una indagación sumaria contra el magistrado supremo para establecer si cometió una inconducta funcional al organizar la reunión a pedido de Jiménez para ver el Caso Chavín de Huántar.
El pleno del CNM se reunirá el jueves para definir, sobre la base de la indagación, si abre una investigación a San Martín. Mientras tanto, Gloria Cano, abogada de los familiares de los emerretistas muertos, dijo que iba a pedir al CNM la destitución de San Martín por supuestamente haber querido influir en la jueza.
A su vez, San Martín dijo que solo se buscaba “unificar criterios”.
Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, dijo que se evaluarán los audios y que se ha iniciado una investigación interna. Señaló que la reunión fue casi oficial y que los ministros y procuradores tienen derecho a entrevistarse y obtener información de las autoridades judiciales cuando ejercen una defensa del Estado.
El Ministerio Público también anunció que evaluará los audios para determinar si existe algún delito penal que amerite una investigación. No obstante, su titular, José Peláez, dijo que San Martín no hizo ninguna recomendación directa a la jueza. “Solo le dice que revise bien y emita una sentencia bien fundamentada”, acotó.
El Ejecutivo también ha pedido a la fiscalía que se abra una investigación, pero en torno a la grabación ilegal de la conversación. Ayer hizo la denuncia.
En el Congreso, la oposición prepara una interpelación contra el ministro Jiménez Mayor por una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. El parlamentario aprista Javier Velásquez dijo: “Vamos a pedir apoyo al fujimorismo. Solo necesitamos 18 votos para presentar la moción”.
El fujimorista Juan José Díaz también apoyó el pedido de interpelación, pues dijo que fue ilegal e inconstitucional que el Ejecutivo se reúna con la jueza para, según él, buscar un fallo favorable a sus pretensiones.
La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. El primer ministro Juan Jiménez aseguró que la reunión no fue para interferir en el Poder Judicial, sino para recibir información del Caso Chavín, pues se estaba alistando la respuesta a la demanda contra el Estado Peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agregó que pidió reunirse con los tres jueces que veían el Caso Chavín, pero en la cita solo estuvieron San Martín y la jueza Rojjasi. Indicó que ese tipo de reunión es legal y está permitido por el DL 1068, que norma el sistema de defensa jurídica del Estado. Pero en la norma no se dice que un ministro o procurador pueda reunirse con el juez de una causa.
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dijo que el fin de la reunión fue cumplir con una política de Estado, como es la defensa de los comandos. “Basta ya de usar audios manipulados con fines políticos”, subrayó
