Ejecución de sentencia.
Medida durará unos 15 días y busca que la empresa entregue la documentación
contable y financiera que permita ubicar y entregar 10 millones de acciones
laborales.
La jueza del 20 Juzgado
Civil de Lima, Virginia Macedo Figueredo, ordenó la intervencion financiera por
15 días de Southern Peru Copper Corporation, a fin de que dos peritos
interventores recaben información sobre la ubicación de las acciones laborales,
actualmente de inversión, que esta empresa minera debe entregar, por mandato
judicial, a sus trabajadores jubilados.
Esta intervención se
realizará la próxima semana, en el marco de un proceso de ejecución de
una sentencia de la Corte Suprema que ordena a Southern Perú entregar
10'501,857 acciones laborales, cuya entrega está pendiente desde hace más
de 19 años.
Empresa se resiste
Empresa se resiste
Luis Chunga Chávez,
abogado de los ex trabajadores-accionistas, refirió que solicitaron la
intervención ante la demora de Southern Perú para entregar información que
permita la entrega de las acciones a los jubilados o sus deudos.
"Esperamos que la empresa minera cumpla con el mandato judicial sin realizar más trabas, y no siga demostrando una conducta prepotente y de irrespeto a lo ordenado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional", enfatizó.
Chunga recordó que desde 1996, Edgardo García Ataucuri y 958 jubilados reclaman la entrega de sus acciones, en un largo proceso judicial que pasó por el Tribunal Constitucional y terminó en la Corte Suprema de Justicia.
Southern Peru Copper Corporation debe entregar las acciones, pero se niega a hacerlo, precisó Chunga.
"Esperamos que la empresa minera cumpla con el mandato judicial sin realizar más trabas, y no siga demostrando una conducta prepotente y de irrespeto a lo ordenado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional", enfatizó.
Chunga recordó que desde 1996, Edgardo García Ataucuri y 958 jubilados reclaman la entrega de sus acciones, en un largo proceso judicial que pasó por el Tribunal Constitucional y terminó en la Corte Suprema de Justicia.
Southern Peru Copper Corporation debe entregar las acciones, pero se niega a hacerlo, precisó Chunga.
La empresa minera se ha
resistido a ejecutar la decisión judicial, con diversos recursos impugnatorios
y demandas de amparo, rechazados por el Tribunal Constitucional.
Interventores
En su resolución, la jueza
Macedo Figueredo recuerda que el 21 de enero del 2015 requirió a la empresa
minera que, en el plazo de tres días, cumpla con entregar los estados
financieros de los años materia de proceso, para determinar el valor de las
acciones a devolver
Anota que transcurrido en
exceso dicho plazo, se procede a ordenar la intervención, para lo cual se
nombra a los peritos Edgar Jaime Gallegos Lezama y Guillermo Alberto Lloyd
Chavarry para que ingresen a la empresa y recaben la información
solicitada.
Macedo Figueredo enfatiza
que los peritos interventores procederán a informar de cualquier intento de
evitar el cumplimiento de la medida cautelar, para proceder a denunciar a los
funcionarios o personas involucradas por delito de resistencia a la autoridad.
El reclamo de los
trabajadores jubilados de la Southern se sustenta en las leyes 22333 y
18880, de los años 70, que establecieron que las empresas mineras debían
destinar el 6% de las utilidades netas anuales a un fondo que constituía
acciones laborales.
Sentencia
El 2004, la Corte Suprema
anuló su propia decisión, por lo que los representantes de los jubilados
acudieron al Tribunal Constitucional, que el 2007 ordenó al Poder Judicial
atender el reclamo y emitir una sentencia de acuerdo a Ley.
De nuevo, el 2011, la
Corte Suprema ordenó la entrega de las acciones a los jubilados o sus
descendientes, pero esta vez fue la empresa minera la que recurrió al Tribunal
Constitucional.
En abril del 2014, el TC convalidó y ratificó el fallo de la Corte Suprema y dispuso su ejecución inmediata.
En abril del 2014, el TC convalidó y ratificó el fallo de la Corte Suprema y dispuso su ejecución inmediata.
Southern Peru Copper
Corporation se sigue resistiendo. En esta ocasión, negándose a entregar los
documentos contables que permitan determinar dónde están las acciones, su valor
y los intereses ganados, para proceder a su entrega y distribución a unos 4 mil
trabajadores jubilados.
cortesía diario la republica
