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Sus Impactos Ambientales y Sociales y Razones de la Oposición a Tía María POR Marco Arana.
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El país
necesita inversiones que se hagan sin destruir grandes ecosistemas, que no
corrompan autoridades, que violenten derechos de poblaciones, que no
desconozcan el proceso de consulta previa a comunidades, que no ignoren planes
de ordenamiento territorial, que no sometan al Estado para obtener leyes a la
media que les beneficien tributariamente y les permitan depredar nuestras
riquezas naturales.
El Perú
necesita inversiones que aseguren la diversificación productiva y la
sostenibilidad a futuro, no aquellas que nos hagan adictos a actividades
económicas de alto impacto ambiental, que tienen escaso o nulo valor agregado y
limitada capacidad de generar empleo y que, además, ignoran no solo derechos de
las actuales generaciones sino, sobretodo, de las futuras generaciones a
quienes debemos asegurar una economía, una sociedad y un medio ambiente mejor
de lo que nosotros los encontramos.
Las
inversiones de Southern, como las de muchas otras actividades extractivas, no
cumplen con estas condiciones, por lo tanto debieran estar en la lista del tipo
de inversiones de las que el Perú debiera ir progresivamente saliendo para
promover inversiones que no solo causen crecimiento económico, sino que puedan
realmente generar desarrollo duradero, más empleos, ingresos más seguros y
menos dañinos para las personas y el medio ambiente. Promover más las diversas
formas de turismo, el desarrollo de los servicios, los bio negocios a partir
del potenciamiento de la pequeña y mediana agricultura, las pymes y
cooperativas, la maricultura y acuicultura de agua dulce con valor agregado, la
industria gastronómica, la producción de energías renovables, entre otras
actividades. Arequipa desde ya cuenta con uno de los primeros parques de
producción de energía solar que podría ser aun más potenciado y el destino de
sus ríos y playas no tiene por qué seguir siendo el que hasta ahora le ha
asignado la tóxica minería del cobre que desde décadas se ha asentado en su
territorio, pero que al estar ya asentada deberá ser sometida a rigurosa
fiscalización ambiental, exigírsele seriamente la remediación de sus pasivos
ambientales y limitar su crecimiento para evitar que dañe nuevos ecosistemas o
ponga en peligro actividades como las de los agricultores del Valle del Tambo,
La Joya o el Cañón del Colca donde también se registran grandes concesiones
mineras. Nadie duda que Southern ha generado importantes ingresos para el fisco
del país y de la región Arequipa, sobre eso hay abundante y super publicitadas
cifras. Aunque no disponemos de estudios que muestren cuánto dinero se
necesitará para revertir los graves daños ecológicos producidos por esa misma
actividad. La externalización de los costos ambientales ha sido, sin lugar a
dudas, la clave de un crecimiento económico regional y nacional que de no
cambiarse el modelo de desarrollo y de no implementar un nuevo marco
institucional y jurídico para una nueva minería, terminará haciendo que el Perú
lamente haber tenido tantas riquezas minerales y tan poco visión para conseguir
sentar las bases de un verdadero desarrollo. No permitamos que este desbalance
siga pasando la factura a las futuras generaciones.
¿Es Southern,
el ejemplo de minería social y ambientalmente responsable que la costosa
propaganda anuncia y que la más variada gama de “expertos y analistas” dicen
que es?
El presente
artículo muestra que Southern es de aquellas empresas que han sabido ocultar
bien sus gravísimos impactos ambientales y sociales, daños han generado
impactos irreversibles a los ecosistemas de Arequipa e incluso toda la
macroregión costera sur del Perú. Una valorización económica y ecológica de los
mismos es una tarea pendiente que el Estado o las universidades debieran
emprender.
A
continuación, un detalle no exhaustivo de esos graves daños.
AIRES
TÓXICOS:
Los aires de
Ilo fueron envenados con dióxido de azufre producidos por la planta de
procesamiento de Southern.
• En abril de 2007, después de que la
empresa había sido obligada en una larga lucha a modernizar sus hornos de
fundición (a un costo de US $ 570 millones), la municipalidad provincial de Ilo
que cuenta con sistemas de monitoreo de calidad de aire, había establecido que
en ese entonces los límites máximos permisibles no deberían superar los 365 μ
por metro cúbico, pero en reiteradas ocasiones la minera emitió hasta 9,108 μ
por metro cúbico lo cual causaba malestar e irritación en ojos, nariz y garganta
de la población ileña.
• El año 2008, una campaña científica
internacional realizada por 100 investigadores de 40 instituciones de 8 países,
realizó un estudio con cinco aviones radares que rastreban la presencia de
gases contaminantes a una altura sobre el mar de 1 a 3 kms, esta misión
encontró que “el mayor contaminante los estuvo realizando la fundición de la
mexicana Southern Pacific en Ilo, Perú. Su pluma de humo va al oeste, baja al
suroeste y luego regresa hacia la costa chilena”.
• Desde diciembre de 2012 a febrero de
2013, en que se alcanzó el pico más alto, las chimeneas de la fundición de
Southern volvieron a envenenar la atmósfera de Ilo y a afectar la salud de la
población.
• Los resultados de esta contaminación
para la salud de la población se traduce en “un alto porcentaje de enfermedades
respiratorias como la rinitis, faringitis, traqueitis, fibrosis pulmonar,
bronquitis crónica y asmatiforme, crisis asmática. Las consecuencias son
fatales principalmente para la población con enfermedades crónicas y para los
niños y ancianos. Les sigue un porcentaje de consultas, las enfermedades
digestivas, a la piel, tuberculosis y cáncer”.
LAS VÍCTIMAS
DE SOUTHERN SON EL AGUA Y LA AGRICULTURA:
Según un
informe del Programa de Vigilancia Social de Empresas Transnacionales con sede
en Buenos Aires, la Southern requiere un promedio de 2.360 l/seg. de agua para
el funcionamiento del conjunto de sus actividades minero metalúrgicas,
utilizando un promedio de 1.700 l/seg. de agua limpia para tratar los
concentrados de cobre.
• En el año 2008, este informe decía
también que esta enorme demanda de agua tuvo un resultado “nefasto, por
ejemplo, el Valle de Cinto se quedó sin agua y las cuencas de Moquegua y
Locumba disminuyeron su frontera agrícola y su calidad de agua, si se tiene en
cuenta que cuencas como las de Locumba, Moquegua, Sama y Caplina, que
actualmente soportan la actividad minera de SPCC, conducen un promedio anual de
6,9 m3/seg. al Océano Pacífico”.
• Según la página web del Ministerio de
Agricultura, el río Locumba figura entre los ríos más contaminados por metales
pesados de todo el Perú, sus aguas tiene elevados niveles de “salinidad,
mercurio, cadmio, níquel, arsénico… En muchos casos la desaparición de la fauna
hidrobiológica de los ríos, de la costa, principalmente, es debido a la
infestación de los cauces de ríos de contaminantes, como ha sucedido en la
región sur del país, en el caso de la desaparición del camarón del río Locumba,
debido a la deposición de relaves mineros que realiza la Southern Perú Coopper
Corporation, producto de sus operaciones mineras de Toquepala y Cuajone”.
• Aunque la publicidad minera y
gubernamental dice que la minería hace solo uso de 1% del agua dulce disponible
total, existen estudios que muestran que este no es el caso del requerimiento
de agua de la Southern la que llega a ser la segunda consumidora del agua total
disponible de la cuenca del río Locumba para sus operaciones de Locumba y
principalmente de Toquepala. El agua de uso poblacional alcanza los 2.12
millones de metros cúbicos anuales , el uso pecuario alcanza a 187,000 de
metros cúbicos anuales, el uso agrícola en esta cuenca alcanza a 174.4 millones
de metros cúbicos anuales, mientras que el uso minero representa 23.16 millones
de metros cúbicos anuales, el uso industrial es casi inexistente.
• Las denuncias de los agricultores
sobre escasez de aguas por sobreexplotación minera se documentado también en el
informe del Programa de Vigilancia Social de las Empresas Transacionales en el
cual se señala que “También se ha comprobado la reducción de las napas
freáticas en la zona de Titijones, Huaitire y Gentilar, seguida de un
incremento de la capacidad de absorción de la zona de bofedales y una reducción
del caudal de los ríos… En lo que atañe a la disponibilidad de agua en las
cuencas se ha notado una fuerte disminución del mismo debido a la extracción
del agua superficial y subterránea en las cabeceras de las cuencas de los ríos
antes mencionados… Como consecuencia de esto, se redujo el área de zonas de
pasturas y de cultivo y de actividades agrícolas y pecuarias”.
EL MAR
CONTAMINADO:
La bahía de
Ite está muerta.
Durante 35
años, Southern utilizó 21 kilómetros de cauce del río Locumba, contaminando 300
kilómetros cuadrados de la bahía de Ite, en la provincia de Jorge Basadre en
Tacna arrojando 119.000 de Toneladas/día de relaves conteniendo cobre, plomo,
mercurio, zinc, fierro, sílice, cianuro, grasas que causaron la desaparición de
especies como el camarón, la lisa, erizos y almejas y daños ambientales
irreparables. La pesca artesanal de almejas, lapas, tolinas y caracol fue
devastada.
La empresa
minera, señala haber implementado a cabalidad su plan de adecuación ambiental
(PAMA) ya que el Ministerio de Energía y Minas en el año 2002 también lo dio
por cumplido, a partir de allí, aunque la bahía es actualmente una zona
ecológicamente devastada, la zona figura como un problema resuelto y hoy se
denomina “Zona de Reserva de Relaves de Ite” que ha dado lugar a “un ecosistema
muy biodiverso… con 144 especies de aves (en el cual) el número de avistamiento
de nuevas especies de seguro aumentará”
UNA MINERA
SIN LICENCIA SOCIAL:
El Valle del
Tambo da trabajo a más de 10 mil personas en un área cultivable de más de 12
mil hectáreas.
El domingo 28
de octubre de 2008, las organizaciones sociales y el frente de defensa que
buscaba una salida pacífica al conflicto, implementaron un proceso de consulta
popular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Islay-Matarani, Mejía y
Punta de Bombón de la provincia de Islay, más del 90% de los que acudieron
dijeron no a Tía María.
Distrito de
Cocachacra: Preguntados los ciudadanos sobre si ¿Está Ud. de acuerdo con la
actividad minera que quiere realizar el proyecto minero Tía María y otros
proyectos mineros? 139 respondieron que
sí y 2916 que no. Preguntados si ¿Está
Ud. de acuerdo con el uso de las aguas subterráneas y superficiales para la
actividad minera del Proyecto Tía María y otros proyectos mineros? 112 que sí y
2929 que no.
Distrito de
Punta de Bombón: ¿Está Ud. de acuerdo con la actividad minera que quiere
realizar el proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros? 71 respondieron que sí y 1883 que no.
Preguntados si ¿Está Ud. de acuerdo con el uso de las aguas subterráneas y
superficiales para la actividad minera del Proyecto Tía María y otros proyectos
mineros? 48 que sí y 1896 que no.
Distrito de
Deán Valdivia: ¿Está Ud. de acuerdo con la actividad minera en la provincia de
Islay? 52 que sí y 2211 que no. (
Fuente: Valle del Tambo-Islay. Territorio, Agua y Derechos Locales en Riesgo
con la Minería a Tajo Abierto. http://www.cooperaccion.org.pe/centrodocumentacion/00119.pdf
)
Los
agricultores y las organizaciones sociales opuestas a las actividades de Tía
María realizaron tres grandes paralizaciones y movilizaciones:
• 14 de abril, 2010
• 20 de noviembre, 2010
• 19 de marzo, 2011, duró 19 días. En
esta paralización hubo tres personas asesinadas por la policía, aproximadamente
400 contusos y heridos.
UN EIA
DECLARADO INADMISIBLE:
Southern
elaboró en 2009-2010 un primer EIA, intentó incluso que éste fuera validado por
audiencias ambientales que, al tener el rechazo de la mayoría de la población
de la provincia de Islay, se hicieron con participantes de otras zonas y con
extremas medidas de control policial. Legalmente las audiencias figuran como
realizadas, pero en la realidad no comunicaron nada de la ingeniería y de los
impactos del proyecto a la mayoría de la población que iba a ser directamente
impactada. Las audiencias solo fueron parte del protocolo a cumplir.
A pedido de
los productores agrarios, el Frente de Defensa y las autoridades regionales que
se vieron obligadas por las protestas ciudadanas, se solicitó un informe
independiente del EIA de Tía María que fue encargado al equipo técnico de las
Naciones Unidad para el Desarrollo (UNOPS). El 17 de marzo de 2011 la UNOPS
presentó el informe al MINEM, las observaciones fueron lapidarias. En resumen,
el EIA tenía un serie de vacíos de información y sus contenidos no respondían
bien a la magnitud de los impactos socio económicos y ambientales que el
proyecto Tía María iba a causar.
Un mes
después, el 8 de abril de 2011 el MINEM decidió, mediante Resolución Directoral
105-2011-MEM-AAM declarar inadmisible y, en consecuencia, resolvió rechazar el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. Entretanto, el conflicto
social había causado la muerte de tres agricultores, más de 400 contusos y
heridos y decenas de los líderes de las protestas se hallan hasta hoy
denunciados y procesados por un sin número de presuntos delitos. El proyecto
Tía María había pasado ya no solo a ser cuestionado y rechazado, sino a ser
repudiado por amplios sectores de la población a la que decía querer
beneficiar.
ACUSACIONES
DE VIOLENCIA Y CORRUPCION:
El 02 de
octubre de 1998 es asesinado uno de lo más agudos críticos de la contaminación
minera de Southern, el Ing. Carlos Guillén Carrera quien era un próspero
empresario de la siembra y cosecha del olivo. Conocí en el 2010 a uno de sus
hijos en Ilo, me contó que su padre había estado a punto de llevar a un
tribunal federal de los Estados Unidos una demanda contra Southern por
contaminación de aguas y aires y también por daños a sus plantaciones de olivo,
el joven aún acusaba el dolor y la indignación por el asesinato de su padre.
Mostraba unos periódicos locales que responsabilizaban a Southern por el crimen.
Las investigaciones policiales no prosperaron. Se dijo que habían sido
delincuentes comunes. En la población está asentada la idea de que a Carlos
Guillén le ocurrió lo mismo que al Ing. Godofredo García Baca, exportador de
mangos, en Tambogrande, Piura, él también pagó con su vida el haberse opuesto
férreamente a la imposición de la Minera Manhattan en el valle de Tambogrande.
En marzo de
2011, un grupo de ex trabajadores “denunciaron ante el Departamento de Justicia
de Estados Unidos a Southern Peru Copper Corporation por supuesta violación del
Acta sobre prácticas anticorrupción en el extranjero”. Según esa denuncia la
minera habría pagado sobornos a funcionarios del Poder Judicial peruano para
demorar u obstruir el pago de acciones laborales a 800 ex trabajadores. En el
caso hasta intervino la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) pidiendo
la destitución de tres jueces corruptos. No se dispone de información sobre sí
el pedido y las sanciones fueron efectuadas. Lo que quedó entre la población es
el hecho de las poderosas influencias de la Southern y el poderoso manto de
impunidad con que quedan sus malas prácticas, incluso con sus propios
trabajadores.
En abril de 2011, los agricultores del Valle del Tambo entraron
en un prolongado paro de actividades en rechazo a los permisos dados por el MEM
a Tía María. Hubo una violenta represión policial en la que murieron tres
personas que se manifestaban en contra del proyecto minero: Andrés Taype
Choquehuanca de 22 años, Aurelio Huacarpuma Clemente de 50 años y Néstor Róger
Cerezo Patana de 31 años. Ellos son ahora reivindicados por la población como
los mártires de la defensa del Valle.
¿SERÁ
PROCESADA JUDICIALMENTE SOUTHERN POR DELITOS ECOLOGICOS?
El 23 de
abril de 2013, el Procurador Especializado en Delitos Ecológicos del Ministerio
del Ambiente solicitó a la fiscal Roxana Atahuachi que formule acusación contra
el presidente de la Southern, Oscar Gonzales Rocha por el delito de
contaminación “por metales pesados, principalmente Cadmio, en las aguas que
filtran desde el Embalse de Relaves de Quebrada Honda de la minera, y que son
utilizadas para agricultura y ganadería en la irrigación Pampa Sitana, en la
provincia Jorge Basadre”.
El 16 de
enero de 2015 se supo que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en
audiencia de juicio oral ante una corte judicial de Ilo “solicitó dos años y
seis meses de pena privativa de la libertad contra el presidente ejecutivo de
la empresa minera Southern Perú, Oscar González Rocha y el pago de una
reparación civil de un millón de dólares por el delito de contaminación
ambiental en la modalidad de culposa”. La fiscalía que hacía tal pedido al
juez, se basaba en un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) que había concluido que la contaminación de Southern sobre el
aire supera en un 100% el límite permisible y en un 800% de vertimiento de
arsénico al mar y a 3 afluentes para los cuales no tenían autorización”.
La fiscal
Ángela Marroquín, firme en el proceso acusatorio, logró que el juez de Ilo,
Erly Alejo, programe una audiencia para el 26 de enero, donde dos peritos de la
OEFA fundamentarán el informe realizado con pruebas documentarias. El
presidente de la Southern, Oscar Gonzales, se presentó pero prefirió hacer uso
de su derecho a no prestar ninguna declaración.
El presidente
de Southern debía presentarse también a una segunda diligencia judicial el 02
de febrero en Ilo, pero nunca asistió, sus abogados encontraron la forma de
librarlo del importante proceso acudiendo al Tercer Juzgado Constitucional de
Lima, en el cual el juez Ricardo Chang aceptó una medida cautelar, la medida
busca dilatar el proceso para que la Southern se acoja a la prescripción del
proceso, pues la denuncia data del año 2008. El favor judicial que la empresa,
esta vez, no pudo lograr en un juzgado de Ilo, lo halló en un juzgado de Lima,
así actúa la poderosa empresa minera, líder en responsabilidad social y
empresarial.
(NOTA: Todas
las referencias documentales o periodísticas sobre la controvertida empresa
minera estarán también disponibles.)
cortesia PADRE MARCO ARANA Y LAMULA.PE
