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César Romero C.
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema avaló, aprobó y dio partida de nacimiento a los laudos arbitrales fraudulentos del presunto capo mafioso Rodolfo Orellana Rengifo (a) “Gordo”.
Fue el 27 de junio del 2011 cuando dicho tribunal estaba integrado por los jueces supremos Víctor Ticona Postigo, Ana María Aranda Rodríguez, José Palomino García, Ana Valcárcel Saldaña y Francisco Miranda Molina.
Ese día, ellos resolvieron el recurso de casación N° 2494- 2010-Lima. El único expediente judicial en el que aparece el nombre de Rodolfo Orellana. En el resto de casos solo intervienen sus testaferros.
RODOLFO ORELLANA
El 2007 Orellana todavía no era muy conocido y puso su nombre y los jueces supremos fallaron a su favor, en un proceso donde Ticona Postigo actuó como vocal ponente, es decir, él redactó la sentencia.
Víctor Ticona es hoy uno de los principales candidatos a la presidencia del Poder Judicial para el periodo 2015 y 2016. Ana María Aranda es la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el lugar donde duermen las denuncias contra los jueces que favorecieron al clan Orellana.
LURÍN
A fines del 2006, Rodolfo Orellana ofreció comprarle la mayor parte de su parcela en el Fundo Santa Rosa, Lurín, de casi 15 mil metros cuadrados, al anciano Rumualdo Caycho Lizano. El trato no incluía el local de un restaurant que la familia de uno de sus hijos tenía en el lugar, de 500 metros cuadrados.
Cuando don Rumualdo Caycho aceptó la venta, Orellana empezó a pagarle 5 mil dólares un día, 10 mil en otra semana, sin nunca cumplir lo pactado. Mientras, a sus espaldas, falsificó autoavalúos y recibos de la municipalidad de Lurín, con fechas de 1995, que el ex notario de Cañete Jesús Antonio Chávarri Arce certificó como originales.
Con esos documentos, en febrero del 2007, Orellana inició un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio ante el notario Ricardo Barba Castro. Sus empleados y testaferros Wilmer Arrieta Vega, Hernán Villacrez Torres y Diógenes Cabrejos Sánchez testificaron que, en efecto, su jefe vivía en Lurín desde los años 90.
El 25 de junio del 2007, el notario Barba Castro lo declaró propietario y Orellana corrió a inscribir el predio en Registros Públicos. Luego lo vendió por 120 mil dólares a Jorge Cortés Martínez, uno de sus presuntos testaferros.
ÁRBITRO ÚNICO
Siempre actuando a espaldas de la familia Caycho, Orellana y Cortés firmaron un contrato de compra-venta en la cual estipularon que en caso de incumplimiento del mismo, se sometían a la decisión del arbitro único: Eugenio Martín Cisneros Navarro.
A continuación, Cortés Martínez hipotecó el terreno por un crédito de 721 mil dólares ante el Banco de Crédito del Perú y exigió a Orellana la entrega inmediata del predio, incluyendo el restaurant de la familia Caycho Tesén.
Con la complacencia de Orellana, como estaba previsto desde el inicio, el árbitro único Cisneros Navarro ordenó la entrega del inmueble y el desalojo, vía judicial.
La demanda de ejecución de laudo arbitral fue tramitado por el 5to Juzgado Comercial de Lima. Recién entonces la familia Caycho se enteró de lo que estaba pasando. Víctor Caycho y Martha Tesén apelaron e hicieron ver a los jueces que todo era un fraude y estuvieron a punto de ganar.
PUDO SER DISTINTO
La Segunda Sala Comercial de Lima advirtió las irregularidades y declaró inejecutable el laudo arbitral. Pero, entonces Cortés Martínez y Orellana acudieron a la Corte Suprema, a la Sala Civil Transitoria.
"El caso debió ser visto por la Sala Constitucional y Social al tratarse de un terreno eriazo, pero así y todo la Sala Civil se abocó al caso", recuerda el abogado Cristhian Caycho Tesén.
El juez supremo Víctor Ticona Postigo, actuando como ponente, redactó la sentencia. El veredicto de la Corte Suprema dice que un tercero afectado por un laudo arbitral (que puede ser el real propietario) solo debe ser notificado y no puede contradecir, ni oponerse a nada.
Por lo cual, dice luego de haberse notificado a los Caycho Tesén, lo único que falta es ejecutar el laudo arbitral.
"Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación y no se puede revisar lo resuelto, ni si hay acierto o desacierto en la decisión adoptada", suscribieron los jueces supremos, a propuesta de Ticona, el hoy candidato a presidente del Poder Judicial.
Si la Corte Suprema hubiera entrado a analizar el fondo del laudo arbitral, como hizo la Sala Comercial, el clan Orellana pudo ser frenado el 2011. Al aprobar ese laudo, los jueces supremos avalaron sus crímenes.
El Clan Orellana presentó la casación 2494-2010 como antecedente en los demás casos, donde laudos arbitrales le permitieron apoderarse de inmuebles de particulares y del Estado. La casación 2494 no ha podido ejecutarse porque Orellana puso que el terreno se ubica en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur, lo que no es real y prueba que nunca vivió en ese lugar. El terreno se ubica en el kilómetro 29.
AMPARO
La familia Caycho Tesén sigue luchando en defensa de su propiedad. Ha presentado tres acciones de amparo para anular lo resuelto por la Suprema y el ilegal laudo arbitral.
Un recurso está en el TC y dos permanecen en los Juzgados Constitucionales de Lima.
"El juez Ticona se ha negado a contestar las demandas y los jueces no se van a enfrentar a un juez supremo que puede presidir el Poder Judicial y a otro que jefatura la OCMA", dice Caycho Tesén.
Han pensado denunciar a los jueces supremos al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero temen que el caso haya prescrito. Una denuncia contra el notario Ricardo Barba no prosperó, por prescripción.
INTERROGATORIO
La juez Fernanda Ayasta Nassif notificó al INPE para un primer interrogatorio a Orellana Rengifo, este jueves, 20 de noviembre, a partir de las 11:00 de la mañana, en el penal de Piedras Gordas, en Ancón.
Para el viernes, 28 de noviembre la Segunda Sala Penal de Reos Libres ha programado el interrogatorio a Rodolfo y su hermana Ludith, a partir de las 11:00 de la mañana, en el juicio que se sigue a Manuel Villacrez Arévalo por el intento de despojar al empresario Jorge Pazos Holder de un terreno de 223 hectáreas, en Lurín.
LA FISCALÍA COMPROBÓ LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
El 26 de setiembre último, la juez Fernanda Ayasta Nassif acogió una denuncia penal contra Rodolfo Orellana por asociación ilícita, fraude, estafa y contra la fe pública y fraude procesal en agravio de la familia Caycho Tesén y la SUNARP, dictándose en su contra nueve meses de prisión preventiva.
En el proceso ha sido incluido el notario Ricardo Barba Castro y el ex notario Jesús Chávarry Arce, el arbitro único Eugenio Cisneros Navarro, los falsos testigos Wilmer Arrieta Vega, Hernán Villacrez Torres y Diógenes Cabrejos Sánchez. También el testaferro Jorge Cortez Martínez y su esposa.
La fiscal Jacqueline del Pozo sustentó que Rodolfo Orellana montó un entramado jurídico para despojar de su real propiedad a la familia Caycho Tesén, falsificando documentos y cometiendo fraude en agravio de los Registros Públicos.
Lo que aún está pendiente es que el Poder Judicial anule las resoluciones que le dan la razón a Rodolfo Orellana y, claro, que se sancione a los jueces que le permitieron actuar.
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema avaló, aprobó y dio partida de nacimiento a los laudos arbitrales fraudulentos del presunto capo mafioso Rodolfo Orellana Rengifo (a) “Gordo”.
Fue el 27 de junio del 2011 cuando dicho tribunal estaba integrado por los jueces supremos Víctor Ticona Postigo, Ana María Aranda Rodríguez, José Palomino García, Ana Valcárcel Saldaña y Francisco Miranda Molina.
Ese día, ellos resolvieron el recurso de casación N° 2494- 2010-Lima. El único expediente judicial en el que aparece el nombre de Rodolfo Orellana. En el resto de casos solo intervienen sus testaferros.
RODOLFO ORELLANA
El 2007 Orellana todavía no era muy conocido y puso su nombre y los jueces supremos fallaron a su favor, en un proceso donde Ticona Postigo actuó como vocal ponente, es decir, él redactó la sentencia.
Víctor Ticona es hoy uno de los principales candidatos a la presidencia del Poder Judicial para el periodo 2015 y 2016. Ana María Aranda es la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el lugar donde duermen las denuncias contra los jueces que favorecieron al clan Orellana.
LURÍN
A fines del 2006, Rodolfo Orellana ofreció comprarle la mayor parte de su parcela en el Fundo Santa Rosa, Lurín, de casi 15 mil metros cuadrados, al anciano Rumualdo Caycho Lizano. El trato no incluía el local de un restaurant que la familia de uno de sus hijos tenía en el lugar, de 500 metros cuadrados.
Cuando don Rumualdo Caycho aceptó la venta, Orellana empezó a pagarle 5 mil dólares un día, 10 mil en otra semana, sin nunca cumplir lo pactado. Mientras, a sus espaldas, falsificó autoavalúos y recibos de la municipalidad de Lurín, con fechas de 1995, que el ex notario de Cañete Jesús Antonio Chávarri Arce certificó como originales.
Con esos documentos, en febrero del 2007, Orellana inició un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio ante el notario Ricardo Barba Castro. Sus empleados y testaferros Wilmer Arrieta Vega, Hernán Villacrez Torres y Diógenes Cabrejos Sánchez testificaron que, en efecto, su jefe vivía en Lurín desde los años 90.
El 25 de junio del 2007, el notario Barba Castro lo declaró propietario y Orellana corrió a inscribir el predio en Registros Públicos. Luego lo vendió por 120 mil dólares a Jorge Cortés Martínez, uno de sus presuntos testaferros.
ÁRBITRO ÚNICO
Siempre actuando a espaldas de la familia Caycho, Orellana y Cortés firmaron un contrato de compra-venta en la cual estipularon que en caso de incumplimiento del mismo, se sometían a la decisión del arbitro único: Eugenio Martín Cisneros Navarro.
A continuación, Cortés Martínez hipotecó el terreno por un crédito de 721 mil dólares ante el Banco de Crédito del Perú y exigió a Orellana la entrega inmediata del predio, incluyendo el restaurant de la familia Caycho Tesén.
Con la complacencia de Orellana, como estaba previsto desde el inicio, el árbitro único Cisneros Navarro ordenó la entrega del inmueble y el desalojo, vía judicial.
La demanda de ejecución de laudo arbitral fue tramitado por el 5to Juzgado Comercial de Lima. Recién entonces la familia Caycho se enteró de lo que estaba pasando. Víctor Caycho y Martha Tesén apelaron e hicieron ver a los jueces que todo era un fraude y estuvieron a punto de ganar.
PUDO SER DISTINTO
La Segunda Sala Comercial de Lima advirtió las irregularidades y declaró inejecutable el laudo arbitral. Pero, entonces Cortés Martínez y Orellana acudieron a la Corte Suprema, a la Sala Civil Transitoria.
"El caso debió ser visto por la Sala Constitucional y Social al tratarse de un terreno eriazo, pero así y todo la Sala Civil se abocó al caso", recuerda el abogado Cristhian Caycho Tesén.
El juez supremo Víctor Ticona Postigo, actuando como ponente, redactó la sentencia. El veredicto de la Corte Suprema dice que un tercero afectado por un laudo arbitral (que puede ser el real propietario) solo debe ser notificado y no puede contradecir, ni oponerse a nada.
Por lo cual, dice luego de haberse notificado a los Caycho Tesén, lo único que falta es ejecutar el laudo arbitral.
"Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación y no se puede revisar lo resuelto, ni si hay acierto o desacierto en la decisión adoptada", suscribieron los jueces supremos, a propuesta de Ticona, el hoy candidato a presidente del Poder Judicial.
Si la Corte Suprema hubiera entrado a analizar el fondo del laudo arbitral, como hizo la Sala Comercial, el clan Orellana pudo ser frenado el 2011. Al aprobar ese laudo, los jueces supremos avalaron sus crímenes.
El Clan Orellana presentó la casación 2494-2010 como antecedente en los demás casos, donde laudos arbitrales le permitieron apoderarse de inmuebles de particulares y del Estado. La casación 2494 no ha podido ejecutarse porque Orellana puso que el terreno se ubica en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur, lo que no es real y prueba que nunca vivió en ese lugar. El terreno se ubica en el kilómetro 29.
AMPARO
La familia Caycho Tesén sigue luchando en defensa de su propiedad. Ha presentado tres acciones de amparo para anular lo resuelto por la Suprema y el ilegal laudo arbitral.
Un recurso está en el TC y dos permanecen en los Juzgados Constitucionales de Lima.
"El juez Ticona se ha negado a contestar las demandas y los jueces no se van a enfrentar a un juez supremo que puede presidir el Poder Judicial y a otro que jefatura la OCMA", dice Caycho Tesén.
Han pensado denunciar a los jueces supremos al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero temen que el caso haya prescrito. Una denuncia contra el notario Ricardo Barba no prosperó, por prescripción.
INTERROGATORIO
La juez Fernanda Ayasta Nassif notificó al INPE para un primer interrogatorio a Orellana Rengifo, este jueves, 20 de noviembre, a partir de las 11:00 de la mañana, en el penal de Piedras Gordas, en Ancón.
Para el viernes, 28 de noviembre la Segunda Sala Penal de Reos Libres ha programado el interrogatorio a Rodolfo y su hermana Ludith, a partir de las 11:00 de la mañana, en el juicio que se sigue a Manuel Villacrez Arévalo por el intento de despojar al empresario Jorge Pazos Holder de un terreno de 223 hectáreas, en Lurín.
LA FISCALÍA COMPROBÓ LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
El 26 de setiembre último, la juez Fernanda Ayasta Nassif acogió una denuncia penal contra Rodolfo Orellana por asociación ilícita, fraude, estafa y contra la fe pública y fraude procesal en agravio de la familia Caycho Tesén y la SUNARP, dictándose en su contra nueve meses de prisión preventiva.
En el proceso ha sido incluido el notario Ricardo Barba Castro y el ex notario Jesús Chávarry Arce, el arbitro único Eugenio Cisneros Navarro, los falsos testigos Wilmer Arrieta Vega, Hernán Villacrez Torres y Diógenes Cabrejos Sánchez. También el testaferro Jorge Cortez Martínez y su esposa.
La fiscal Jacqueline del Pozo sustentó que Rodolfo Orellana montó un entramado jurídico para despojar de su real propiedad a la familia Caycho Tesén, falsificando documentos y cometiendo fraude en agravio de los Registros Públicos.
Lo que aún está pendiente es que el Poder Judicial anule las resoluciones que le dan la razón a Rodolfo Orellana y, claro, que se sancione a los jueces que le permitieron actuar.
