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Sunedu: Hasta con 300 UIT sancionaremos a universidades que no se adecúen a la Ley |
Lorena Masías Quiroga. Economista. Titular de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Están a pocos días de que
la nueva Ley Universitaria cumpla su primer año; sin embargo, solo 6 de las 31
universidades públicas autorizadas se han adecuado a la norma, ¿qué es lo que
está pasando?
En la adecuación de
estatutos, el avance del sector privado ha sido mayor que el del público.
Tenemos un 80% de universidades privadas y un 50% de públicas que avanzaron en
eso. En el caso de la renovación del gobierno, solamente 6 han cambiado de
rector y vicerrectores. Otras 10 están en camino. El problema viene porque 15
están postergando el cambio para después del 2015
¿Por qué esta
postergación?
Los rectores están
interpretando la ley bajo su mejor saber y entender. Ellos entienden que pueden
permanecer en sus cargos hasta que venza su mandato original. Sin embargo,
ellos fueron elegidos bajo un esquema distinto. La nueva ley establece que la
elección sea mediante voto universal. Ahí hay un cambio y el espíritu de la ley
va en el sentido de que las autoridades se adecúen a esa nueva forma.
La Superintendencia
también se demoró en establecer su consejo directivo (órgano máximo).
La Ley salió en julio del
2014. De ahí, para establecer la Sunedu, lo primero que debía pasar era cerrar
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y eso demoró más de lo previsto porque
no querían dejar sus cargos. Fue un primer nivel de conflicto. Recién el 31 de
diciembre del 2014, esta directiva decidió dejar sus cargos. A partir de ahí ya
se pudo establecer la Sunedu, que empezó a operar el 5 de enero. Luego se me designa
y viene el proceso de convocatoria para el consejo directivo. Ha sido la
resistencia de quienes estaban a cargo de la ANR lo que demoró el proceso.
Menciona la resistencia
por parte la ANR. ¿Ahora pasa lo mismo con las universidades?
Hay un grupo que se está
resistiendo a dejar sus cargos. Probablemente están pensando más en intereses
personales que en adecuarse a la ley. Por eso la Sunedu ha establecido un plazo
para que se produzca el proceso de elección de autoridades bajo el esquema de
elección universal. En el caso de estatutos, 10 universidades públicas aún no
cumplen.
¿Intereses como cuáles?
Especulamos que quieren
mantener el poder e ingresos asociados al cargo de rector.
Quien encabeza las
críticas es el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pedro
Cotillo calificó la ley como un "mamarracho" y espera que el próximo año se derogue.
Ese tema está
discutiéndose en el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.
Esperemos que tenga un pronunciamiento favorable a la implementación de la ley.
La Ley da plazos para
establecer un comité electoral, etc.,
pero no hay fecha exacta para cambiar autoridades. Ahora, pese a que la
Sunedu dio un plazo, los rectores dicen que seguirán hasta que acaben su
mandato. El último termina el 2019. ¿Acaso hasta ese año no se implementará la
norma?
No, porque el Consejo
Directivo ha establecido como fecha límite diciembre del 2015 teniendo en
cuenta que la norma está pensada para una transición corta, no cuatro años.
¿Por qué el 31 de diciembre?
¿Cuál es su justificación?
Evaluamos que había un
proceso transitorio que no se podía prorrogar mucho. Otro punto tiene que ver
con dar un plazo razonable desde la elaboración de estatutos. Además, los
comités electorales están conformados por docentes y estudiantes, estos últimos
deben ocupar los primeros puestos. En un año académico, ellos seguirán en ese
primer lugar.
Concretamente, ¿qué pasará
si hasta esa fecha no se adecúan?
Estamos preparando las
herramientas que podrá utilizar Sunedu, como el reglamento de infracciones y
sanciones, que ya ha sido aprobado por el Consejo Directivo y se va a enviar al
Ministerio de Educación. En 30 días estaría listo.
Con este documento,
aquellas universidades que hasta diciembre no se adecúen a la ley, ¿qué
sanciones podrían recibir?
Podrían recibir sanciones
monetarias... Eso hay que graduarlo de acuerdo a la falta.
Si la falta es no cambiar
autoridades, ¿qué castigo reciben?
Hay que graduarlo caso por
caso y se definirá luego de una evaluación. Otro aspecto, aparte del reglamento
de infracciones y sanciones, son las denuncias que se puede hacer ante el Poder
Judicial contra la autoridad. Se brindarán incentivos para quienes se adecúen,
como fondos del Concytec.
¿Cuál sería la máxima
sanción que podrían recibir las universidades públicas autorizadas?
La sanción puede llegar
hasta 300 Unidades Impositivas Tributarias - UIT (equivalen a 1 millón 155 mil
soles), que se gradúa dependiendo de la falta.
¿Los que no cumplan hasta
el 31 de diciembre solo recibirán una sanción monetaria, o también se aplicará
la suspensión o cierre de la universidad?
En realidad, hay que
adecuarlo a la falta. Quienes están cometiendo la falta son las autoridades que
no se quieren ir. Bajo ese esquema, no se puede cerrar una institución porque
una persona no se quiere ir. Las multas son para las universidades y se
publicitarán.
Un ejemplo: si una
universidad pública autorizada no cambia de autoridades en el plazo establecido
y dice que lo hará recién el 2019, ¿qué se hará?, ¿cuál sería la máxima sanción
La batería de herramientas
considera desde una sanción monetaria hasta una denuncia. Serían 300 UIT y/o la
denuncia penal. Hay que ver los aspectos administrativos y judiciales.
Pedro Cotillo, también presidente de la Asociación de Universidades del Perú (Asup), asegura que no hay diálogo con la Sunedu. ¿No lo consideran?
Ellos también se han
opuesto ni bien salió el comunicado de la Sunedu. No tienen ninguna intención
en cumplir la ley.
¿Se reunirán?
Si avanzan en la ley, lo
podremos ver. En estos momentos no tenemos planeado reunirnos porque no vemos
que tengan deseo de cumplir con la norma.
CORTESÍA LA REPUBLICA
