Informe
final de Megacomisión por casos de la empresa 'chuponeadora' BTR y
colegios emblemáticos fue aprobado con votos de algunos legisladores
fujimoristas. Apristas Mulder y Velásquez alegaron persecución política
contra su líder.
José Víctor Salcedo Luego de casi seis horas de debate, anoche el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el informe final de la Megacomisión, que recomienda formular denuncia constitucional contra el ex presidente Alan García y varios ex ministros por las supuestas irregularidades cometidas en los casos de interferencia política en Business Track (BTR) y en la ejecución de colegios emblemáticos.
El documento fue sustentado por Sergio Tejada, quien fue presidente de la Megacomisión, y también será derivado al Ministerio Público.
En el caso de los colegios emblemáticos, a García y su exministro de Educación José Antonio Chang se les atribuye haber violado el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución.
Fue aprobado por 45 votos a favor (22 de Gana Perú, 2 de Fuerza Popular, 5 de Perú Posible, 6 de Acción Popular, 7 de Dignidad y Democracia, y 3 no agrupados). Se manifestaron en contra 11 (3 de Solidaridad, 7 de Concertación Parlamentaria, 1 de Unión Regional) y optaron por la abstención 22 (19 de Fuerza Popular, 1 de PPC, 1 de Frente Amplio y 1 de Unión Regional. Cuatro no respondieron).
Entre los acusados por la Megacomisión estaban incluidos el ex premier Yehude Simon y el ex ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, pero luego fueron retirados a solicitud de Tejada porque "no han tenido parte en los acontecimientos concretos de estos hechos".
Explicó que la infracción a la Carta Magna se dio por la emisión del Decreto de Urgencia N° 004-2009, que facilitó la ejecución de instituciones educativas emblemáticas exoneradas de los controles estatales.
El informe concluye que el D.U. fue aprobado sin sustento técnico ni legal. Tejada sostuvo que el gobierno gastó 1.248 millones 110 mil 15 soles en 20 colegios cuando el presupuesto había sido aprobado para 77. "Solo se alcanzó el 21,8% de la meta establecida para inversión en infraestructura educativa durante el período 2009-2011. A pesar de ello, el presupuesto antes aludido fue utilizado al 100%", explicó.
CASO BTR
Con relación al caso BTR, se aprobó denunciar al ex jefe del Estado y algunos de sus funcionarios por infracción constitucional y presunto delito de asociación ilícita para delinquir.
Recibió el apoyo de 57 congresistas. Así votaron: nacionalistas, 22 a favor; fujimoristas, 12 a favor, 10 abstenciones; Perú Posible, 5 a favor; PPC-APP, 2 a favor, 1 en contra; Solidaridad, 3 abstenciones; Concertación Parlamentaria, 7 en contra; Acción Popular - Frente Amplio, 7 a favor; Unión Regional, 2 abstenciones; Dignidad y Democracia, 7 a favor; no agrupados, 2 a favor, 1 abstención; más un congresista de PP que no respondió. Marisol Pérez Tello, que inicialmente respaldó el informe, retiró su voto y se abstuvo porque no tomaron en cuenta su pedido de votar por separado la acusación constitucional y las denuncias penales.
Una de las conclusiones del informe refiere que en el gobierno aprista se conformó una organización delictiva destinada a obstaculizar "la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de los hechos vinculados a las actividades ilegales de interceptación telefónica de la empresa Business Track".
En este caso se señala a García, a su ex premier Jorge del Castillo, al ex ministro del Interior Miguel Hidalgo Medina y al ex ministro de Salud Hernán Garrido, entre otros.
A del Castillo también se le imputa por encubrimiento personal porque supuestamente habría facilitado la salida del país de los ex marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza, relacionados con el caso BTR, y su contratación en los consulados de Nueva Jersey y Nueva York (Estados Unidos) durante dos años y medio. En ese tiempo ambos, en conjunto, cobraron 377 mil dólares.
En el debate, los congresistas Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén defendieron al líder aprista. "Este es un tema político para sacar a García de la carrera electoral", anotó Velásquez.
"Por aprobar un D.U., que es una facultad profesional para que se construyeran colegios estos ignorantes –de otra forma no se puede decir– han aprobado la acusación constitucional", agregó Mulder tras la aprobación del informe. Empero, sentenció que eso no afectará una eventual candidatura presidencial de García.
DESBALANCE PATRIMONIAL
En el marco de sus investigaciones, la Megacomisión detectó un desbalance patrimonial o presunto enriquecimiento ilícito en al menos seis altos funcionarios del segundo gobierno de Alan García.
En el informe final se sustenta que entre los años 2006 y 2011 el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor presenta un desbalance por S/. 450,257,000, cifra que no se justifica con sus ingresos como ex congresista y posteriormente como ministro de Estado.
En el caso del ex presidente, la Megacomisión no ha detectado desbalance patrimonial, pero halló irregularidades detectadas en la presentación de sus declaraciones juradas durante su segundo gobierno. No consideró ni la cuenta ni el inmueble ubicado en París (Francia). Este tema será tocado en el siguiente pleno.
CLAVE
El documento será derivado por Sergio Tejada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo de trabajo debe calificar si procede la denuncia. Si el informe recibe el visto bueno será derivado a la Comisión Permanente del Congreso de la República para su calificación. Si ahí recibe la aprobación el expediente pasa a su debate en el pleno donde requiere de 71 votos para su aprobación.
cortesía la republica
